El juez reclasificó el delito de peculado por el de incumplimiento de un deber legal, el cual no es grave, por lo cual liberó un nuevo auto de formal prisión y fijó una fianza.
Tras casi siete meses de encierro en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de esta ciudad , el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño salió libre y declaró que se considera un preso político y que su excarcelación es un acto de justicia.
El juez segundo del ramo penal fijó una fianza de 31 mil 700 pesos para Agúndez Montaño y el ex secretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez, por el delito de incumplimiento de un deber legal, catalogado como no grave, informaron sus abogados.Antes, el 11 de diciembre, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito confirmó el amparo otorgado en julio por el juzgado segundo de distrito a ambos ex funcionarios al no quedar acreditado el presunto delito de peculado en contra del erario estatal, por el cual fueron aprehendidos en mayo pasado.
En su resolutivo, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito dejó a consideración de la justicia local el auto de formal libertad o la reclasificación del delito, por lo cual el juez segundo de primera instancia del ramo penal decretó un nuevo auto de formal prisión, ahora por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal, por el cual fijó la fianza citada.
Agúndez Montaño y Porras Domínguez fueron detenidos el 25 de mayo y recluidos en el penal de La Paz la madrugada del día siguiente por el presunto delito de pecualdo, derivado de una denuncia de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del gobierno del estado por la venta ilegal de siete terrenos propiedad de la administración estatal, ubicados en el exclusivo fraccionamiento Pedregal de Cabo San Lucas, destinados a equipamiento urbano.
En 2011, ambos ex servidores públicos fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que un juez penal giró su orden de aprehensión, la cual se llevó a cabo hasta el 25 de mayo, luego de que semanas antes se venció el plazo de una suspensión provisional conseguida contra la detención de los dos ex funcionarios.
En julio de este año, el juez segundo de distrito concedió un amparo al ex mandatario de Baja California Sur, después de que se determinó que no hubo distracción de bienes que confirmara el delito de peculado.
Tras la petición del gobierno del estado para revisar el amparo, el Vigésimo Sexto Juzgado de Circuito confirmó el resolutivo, pero dejó a consideración de las autoridades judiciales del estado la determinación del auto de formal libertad o la reclasificación del delito.
Cabe mencionar que ambos ex funcionarios fueron inhabilitados por la Contraloría Estatal durante seis años por vender los terrenos referidos en un precio por debajo de su valor comercial.
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