La titular del organismo exoneró al gobernador y señaló de 'negligencia' a autoridades de la capital regia.
Monterrey, NL. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió sus primeras recomendaciones en torno al caso del atentado contra el casino Royale --donde el 25 de agosto de 2010 52 personas murieron y otras 11 resultaron lesionadas--, las cuales dirige a autoridades del gobierno del estado y del municipio de Monterrey.
Entre las recomendaciones anunciadas este lunes en rueda de prensa por la titular del organismo, Minerva Martínez, se encuentran que se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa y penal, así como fortalecer las capacidades institucionales de los servidores públicos.
Interrogada sobre una posible responsabilidad del mandatario estatal, el priísta Rodrigo Medina, la funcionaria lo exoneró y sólo señaló de "negligencia" a las autoridades de la capital regiomontana, en ese entonces encabezadas por el panista Fernando Larrazabal.
Martínez, precisó que las recomendaciones van dirigidas al gobierno estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno, Procuraduría de Justicia, Dirección de Protección Civil y Secretaría del Trabajo, así como a la alcaldía regiomontana y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología municipal.
La recomendación 103/12 presentada hoy, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) señaló a su par estatal por no haber emitido ninguna a casi 17 meses del atentado al casino Royale, recomienda iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa penal, aunque no se precisó en contra de quién.
Pide fortalecer las capacidades institucionales de los funcionarios públicos; cumplir con la función de supervisión de los establecimientos comerciales, particularmente los casinos, para verificar que cuenten con un programa específico de Protección Civil, así como promover ante la Procuraduría de Justicia estatal el deslinde de responsabilidades.
En cuanto a la atención a víctimas y a sus familiares se recomienda indemnizar el pago de los ingresos que tanto lesionados como familiares de las víctimas hayan dejado de percibir; reembolsar los gastos funerarios, así como los tratamientos médicos y sicológicos; y proporcionar a través de las instituciones de salud el tratamiento médico y psicológico y psiquiátrico a las víctimas.
Asimismo, proporcionar los servicios jurídicos y sociales a las víctimas que lo requieran y que las autoridades del estado y el municipio ofrezcan una disculpa pública, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, por las omisiones en las que incurrieron.
Reitera la necesidad de la construcción de un monumento a la memoria de las víctimas. A fin de que no vuelvan a ocurrir este tipo de tragedias la CEDH recomienda capacitar al personal de las empresas, particularmente de los casinos, en materia de derechos humanos, así como implementar políticas públicas en materia de prevención.
La titular de la CEDH precisó que las autoridades estatales y municipales cuentan con un plazo de 10 días para aceptar o rechazar las recomendaciones; y en caso de aceptarlas cuentan con un plazo adicional de 10 días para empezar a dar cumplimiento a las mismas.
Minerva Martínez acusó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como Procuraduría estatales no brindan a la CEDH los informes que se les requieren y muchas veces ni siquiera contestan las llamadas de los funcionarios del organismo, por lo que responsabilizó a ambas dependencias del retraso de muchas de las recomendaciones.
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