La iniciativa, que se aprobó con amplia votación bipartidista en el Senado estatal, continuará su proceso en los primeros días de enero en la Cámara de Representantes.
Chicago. Los conductores migrantes indocumentados de Illinois cierran el año con la incertidumbre sobre si obtendrán permisos para conducir, aunque el Senado estatal ya dio su visto bueno, y ahora esperan comprensión en la Cámara de Representantes.
La iniciativa, que se aprobó con amplia votación bipartidista en el Senado estatal, continuará su proceso en los primeros días de enero en la Cámara de Representantes en busca de apoyo antes de que se renueve la legislatura local.
El último paso debería ser más fácil, debido a que en el breve periodo de sesiones los legisladores que dejan su curul votan sin presiones.
"Pero no es así, no hay total seguridad en los 60 votos mínimos que se requieren en la cámara baja, por eso es que empezaremos el año promoviendo la propuesta", dijo en entrevista la representante y co-patrocinadora de la medida Lisa Hernández.
"Nuestro objetivo es repetir la experiencia del senado y obtener no solo más votos de los requeridos, sino una aprobación bipartidista. Estaremos de regreso el 3 de enero, y aunque las últimas sesiones de esta legislatura serán el 7 y 8, el trabajo por la ley empezará antes", aseguró la legisladora estadunidense de origen mexicano.
Los votos que se obtuvieron en el Senado fueron fruto de un largo trabajo del líder de la mayoría demócrata John Cullerton, quien presentó sin éxito la propuesta hace un año, así como una negociación de última hora que retrasó los tiempos, razón por la cual quedó en espera.
Antes de entregar su voto, los senadores republicanos de Illinois revisaron una y otra vez el proyecto de ley que otorgaría permisos de manejo a los indocumentados, con una exagerada precaución de no avalar "el fomento de la ilegalidad".
"Fueron muchas horas de negociaciones, con una gran presión de los grupos antiinmigrantes que llegaron en caravanas al Capitolio de Springfield y compraron espacio en televisión y radio para desacreditar la iniciativa", indicó Artemio Arreola, organizador de la Coalición por Carreteras Seguras (HSC).
"Estos grupos no son muy numerosos pero están bien organizados, por ejemplo, pasaban frente al Congreso y gritaban: que se vayan los ilegales a su casa", dijo Arreola, quien participó en la negociación representando a la HSC, alianza de diversos grupos sociales.
En tanto, legisladores republicanos que analizaban la iniciativa tardaron en otorgar su voto, "pedían una ley más rigurosa, con un lenguaje más fuerte. Pidieron que se estableciera muy claramente que este permiso solo será para conducir más no para identificarse", añadió.
El tema de los usos que le podrían dar los indocumentados a los permisos para conducir fue el que más retrasó la medida en el Senado.
Finalmente se obtuvieron 10 votos más cuando se aceptaron tres peticiones de los republicanos.
"Que el permiso no sirva para entrar a edificios federales, abordar un avión o comprar armas; prohibiciones que no afectan a los migrantes porque el acceso a las oficinas no es tan estricto, en los aviones usan su pasaporte y no hay interés por adquirir armas", dijo Arreola.
Las resistencias y precauciones de los republicanos lograron superarse, lo que concluyó con la aprobación de la medida por 41 votos a favor y 14 en contra.
No obstante, faltó tiempo para que la iniciativa cumpliera todo el proceso.
"Se perdieron horas valiosas en el Senado, pero valió la pena porque salió con alto respaldo y en forma bipartidista. La ley no está en este momento donde se quisiera, pero hay que evitar que vaya a la basura", manifestó.
La realidad demuestra que la propuesta de ley promovida por Cullerton logró en esta ocasión obtener un amplio apoyo, debido a que no se centró en los indocumentados sino en garantizar seguridad en carreteras para todos y un claro perfil económico.
Se promovió que si tan solo la mitad de un estimado de 250 mil indocumentados sin licencia reciben los permisos, el estado obtendría 3.75 millones de dólares en nuevos ingresos, por un documento que costaría 30 dólares.
También, si la mitad de esos 250 mil conductores indocumentados obtienen licencia y un seguro de auto, las aseguradoras del estado se ahorrarían 46 millones de dólares por año por la cobertura de accidentes y los costos del requisito obligatorio bajaría para todos.
El llamado Periodo de Veto en el que se discutirá la propuesta tendrá solo dos sesiones previas a la toma de posesión de la nueva legislatura, el 9 de enero, producto de las elecciones del 6 de noviembre pasado que ratificaron una mayoría demócrata.
